En una decisión que refuerza las políticas de protección comunitaria del estado, la Cámara de Representantes de Illinois aprobó este 8 de abril de 2026 el proyecto de ley HB 5024. La legislación busca establecer límites estrictos a la cercanía de los centros de detención federales respecto a zonas residenciales y espacios públicos sensibles.
Un “perímetro de seguridad” para las familias
El proyecto, impulsado por el Presidente de la Cámara, Emanuel “Chris” Welch, prohíbe que cualquier nueva instalación de detención de inmigrantes opere a menos de 1,500 pies (aproximadamente 450 metros) de distancia de puntos críticos de convivencia social, tales como:
- Viviendas particulares y edificios de vivienda pública.
- Escuelas y centros de cuidado infantil.
- Parques, reservas forestales y lugares de culto.
Lecciones de la crisis en Broadview
La medida surge como una respuesta directa a las preocupaciones de residentes en localidades como Broadview, donde la presencia de centros de procesamiento de ICE ha generado tensiones y, según legisladores, “trauma y miedo” en los vecindarios circundantes durante operativos federales recientes.
Aunque la ley no es retroactiva —por lo que las instalaciones actuales no se verán obligadas a cerrar—, sí impide cualquier expansión de los sitios existentes o la apertura de nuevos centros que no cumplan con esta distancia mínima.
Debate político y futuro legal
La votación de 72 a 35 reflejó una clara división partidista. Mientras los demócratas defendieron la ley como una medida de “dignidad humana” para proteger la tranquilidad de los barrios, los republicanos advirtieron sobre posibles desafíos legales federales, argumentando que el estado podría estar excediendo sus facultades al intentar regular operaciones del gobierno de los Estados Unidos.
Siguientes pasos
Tras recibir la aprobación de la Cámara, el proyecto HB 5024 se traslada ahora al Senado de Illinois. De ser ratificado y firmado por el gobernador, Illinois consolidaría su posición como uno de los estados con las restricciones más severas del país contra la infraestructura de detención migratoria en núcleos urbanos.
