La batalla entre la ciudad de Chicago y la Casa Blanca ha escalado al terreno judicial. La Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA) presentó este viernes una demanda federal contra la administración de Donald Trump, tras el bloqueo de 3,100 millones de dólares en fondos destinados a la modernización y expansión del sistema ferroviario “L”.
La querella, interpuesta ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Chicago, alega que la retención de estos recursos —originalmente aprobados bajo la gestión anterior— constituye una “represalia política” contra las metrópolis de liderazgo demócrata.
Infraestructura en jaque
El núcleo de la disputa es la ambiciosa extensión de la Línea Roja, un proyecto vital que busca conectar la calle 95 con la 130, beneficiando a miles de residentes del extremo sur de la ciudad. Además de esta expansión, los fondos congelados están destinados a la renovación de vías y estaciones que superan el siglo de antigüedad.
“La seguridad y la movilidad de un millón de pasajeros diarios no pueden ser moneda de cambio político”, declararon representantes de la CTA. La agencia advirtió que ya ha tenido que recurrir a medidas financieras extraordinarias y deudas para no detener las obras en curso y cumplir con sus contratistas.
El argumento de la Casa Blanca
Por su parte, la administración Trump ha defendido la congelación de los fondos bajo una narrativa de “reforma administrativa”. Según portavoces federales, el objetivo es auditar y eliminar prácticas de contratación que consideran discriminatorias o basadas en cuotas de raza y género, asegurando que el dinero de los contribuyentes se use con “eficiencia meritocrática”.
Un frente común de ciudades
Chicago no está sola en este litigio. La demanda se produce apenas días después de que la MTA de Nueva York iniciara una acción legal similar por la retención de 60 millones de dólares.
Expertos legales sugieren que este caso podría sentar un precedente sobre la autoridad del Ejecutivo para rescindir fondos ya asignados por el Congreso a los gobiernos locales, marcando un nuevo capítulo de alta tensión en el federalismo estadounidense.
