En una jornada de alto impacto político y social, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó este jueves dos victorias jurídicas decisivas al gobierno de Donald Trump. Con votaciones divididas de 6 a 3, la mayoría conservadora del tribunal despejó el camino legal para reactivar la política de regulación de asilo en la frontera y autorizó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de ciudadanos de Haití y Siria.
El primer fallo valida la reimplementación del metering (dosificación), una medida que faculta a las autoridades fronterizas a rechazar o contener a los migrantes en los límites internacionales antes de que pisen suelo estadounidense. En la opinión de la mayoría, el magistrado Samuel Alito argumentó que un extranjero solo “llega a Estados Unidos” al cruzar físicamente la línea fronteriza, por lo que estar en territorio mexicano no activa el derecho automático a solicitar asilo bajo la ley federal.
En una decisión paralela, el máximo tribunal determinó que el gobierno tiene la facultad legal de dar por terminado el TPS para Haití y Siria, disolviendo los bloqueos que cortes inferiores habían mantenido durante años. Alito dictaminó que el Congreso despojó a los tribunales de la autoridad para revisar estas suspensiones ejecutivas y desestimó los reclamos de los demandantes que acusaban motivaciones racistas en las declaraciones pasadas del mandatario.
Las reacciones de la minoría liberal en la Corte fueron severas. La jueza Elena Kagan acusó que los comentarios del Ejecutivo sobre los haitianos tenían claros “tintes raciales”, mientras que la magistrada Sonia Sotomayor advirtió que la restricción fronteriza “cierra la puerta de golpe a quienes huyen de la persecución”, lo que podría derivar en muertes al empujar a las personas a cruzar de forma ilegal.
Con estas resoluciones, la Casa Blanca obtiene un respaldo constitucional clave para avanzar en su agenda de control fronterizo y deportaciones. Organizaciones de derechos humanos ya alertan sobre una crisis humanitaria inminente que dejará vulnerables a cerca de 350,000 haitianos y 6,000 sirios en el país, quienes perderán sus permisos de trabajo y quedarán expuestos a la expulsión.
