Illinois alerta a más de 700.000 personas de que perderán o podrían perder su seguro médico público.

Una masiva reconfiguración en el sistema de salud pública ha encendido las alarmas en el estado de Illinois. La administración estatal ha comenzado el envío de notificaciones por correo a más de 700,000 beneficiarios de Medicaid, advirtiéndoles que están en riesgo inminente de perder su cobertura médica pública debido a modificaciones en las normativas del gobierno federal. Las medidas forman parte de la aplicación de la ley federal aprobada el año pasado, la cual recorta financiamiento y endurece significativamente los criterios de elegibilidad en todo el país.
De acuerdo con el Departamento de Servicios de Salud y Familia de Illinois (HFS), el impacto se dividirá en dos etapas críticas:
  • Cancelación para no ciudadanos (1 de octubre de 2026): Se eliminará por completo la elegibilidad federal para miles de inmigrantes legalmente presentes en el país bajo figuras humanitarias, tales como refugiados, asilados, beneficiarios de parole humanitario y sobrevivientes de violencia doméstica. Únicamente conservarán el beneficio los residentes permanentes (green card) con más de cinco años en el país y ciertas excepciones específicas.
  • Nuevos requisitos laborales (1 de enero de 2027): Los beneficiarios catalogados como “Adultos ACA” (personas de 19 a 64 años sin hijos dependientes y con bajos ingresos) deberán demostrar formalmente que cumplen con un mínimo de horas de empleo, búsqueda de trabajo o voluntariado para mantener el seguro.
Organizaciones civiles y defensores de los derechos de la salud han expresado su profunda preocupación ante el riesgo de que miles de familias de bajos ingresos, personas sin un domicilio fijo o madres en periodo de posparto queden desamparadas al no poder navegar el complejo sistema burocrático de exenciones.
Asimismo, la Asociación de Hospitales de Illinois ha advertido que el recorte de fondos federales derivado de esta ley podría traducirse en pérdidas multimillonarias para los centros médicos locales, amenazando la continuidad de clínicas comunitarias y hospitales rurales. Las autoridades instan a todos los asegurados a actualizar sus datos mediante los portales oficiales del estado para evaluar si califican a alguna prórroga o exención por vulnerabilidad médica.
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