La Policía de Chicago finalmente ha emitido las directrices sobre cómo recopilar y archivar evidencia contra los agentes federales de inmigración sospechosos de violar la ley estatal, seis meses después de que se emitiera una orden ejecutiva del alcalde que les ordenaba hacerlo.
Gran parte de la nueva guía se refiere a las políticas existentes del departamento y aclara que el trabajo policial regular, como brindar asistencia médica y el uso de cámaras corporales, no debe detenerse, incluso si los agentes federales son considerados sospechosos de delitos.
Los oficiales de policía tienen instrucciones de grabar incidentes que involucren a los agentes de inmigración con sus cámaras corporales e identificar los nombres de los principales agentes federales presentes en la escena. La guía también especifica los canales formales que deben utilizar los oficiales para recibir, documentar y, de ser necesario, investigar las quejas presentadas contra los agentes federales.
Aclarar esa responsabilidad para los oficiales, aunque ya estaba implícita en el protocolo vigente, fue un objetivo clave de la orden ejecutiva del alcalde Brandon Johnson. El Departamento de Policía de Chicago (CPD) no respondió de inmediato a preguntas sobre la capacitación que los oficiales han recibido o recibirán en relación con la nueva guía.
Un informe de WBEZ reveló que la orden ejecutiva no se ha implementado formalmente, a pesar de que se estableció el plazo en febrero. En una audiencia del Concejo Municipal efectuada el viernes, los concejales interrogaron a los funcionarios de la policía sobre los retrasos.
En marzo, Johnson comentó a los periodistas que no era necesaria una nueva política para implementar la orden ejecutiva. Pero la semana pasada, un portavoz le dijo a WBEZ que la guía aún estaba en desarrollo.
La orden ejecutiva de Johnson ha generado confusión desde su inicio, en particular debido a una cláusula que requiere que los oficiales remitan los casos de delitos graves a la fiscal estatal del Condado de Cook, Eileen O’Neill Burke, “bajo la dirección de la Oficina del Alcalde”. O’Neill Burke criticó ese requisito como “completamente inapropiado”.
La nueva guía no menciona la oficina del alcalde. En cambio, aclara que los incidentes “seguirán siendo investigados y remitidos a la fiscal estatal del Condado de Cook de acuerdo con las directrices vigentes del Departamento”.
La semana pasada, la oficina del alcalde retrocedió en ese lenguaje en una declaración, diciendo que no ha revisado ni consultado posibles referencias para cargos penales contra la fiscal estatal desde que se firmó la orden.
“El rol de la Oficina del Alcalde es establecer esa dirección política, no revisar, supervisar ni participar en investigaciones individuales o en decisiones de referencia”, dijo un portavoz.
Los defensores de los inmigrantes que quieren ver aplicada la orden ejecutiva señalan un reciente y destacado incidente en Albany Park en el que un agente de ICE chocó un SUV contra el auto de una mujer y huyó antes de que llegara la policía.
Pooja Ravindran, jefa de personal del Comité de Inmigración y Derechos de Refugiados del Concejo, calificó el caso como un tipo de situación que podría haber sido investigada en su momento y potencialmente remitida para una acusación penal. En cambio, los oficiales simplemente “lo registraron como un incidente de tráfico” porque así lo describieron los testigos, destacó Ravindran.
La orden ejecutiva también requiere que los oficiales “reporten públicamente datos agregados” sobre incidentes que involucren a agentes federales de inmigración.
La nueva guía instruye a los oficiales a registrar las quejas de miembros del público bajo una categoría titulada “Violación aparente de la ley por parte de la aplicación de la ley federal”.
No está claro cómo planea el departamento de policía reportar esos datos públicamente.
