El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, instó a un tribunal federal a anular una política del Departamento de Seguridad Nacional que niega audiencias de fianza a inmigrantes detenidos en un escrito legal presentado el martes.
En el escrito amicus, Raoul y otros 19 fiscales generales rechazaron la política federal que otorga al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas la autoridad de detener a inmigrantes no autorizados sin darles la oportunidad de asistir a una audiencia de fianza.
La política se implementó en julio como una nueva interpretación de una ley vigente que establece que los inmigrantes en Estados Unidos sin estatus legal “deberán ser detenidos” tras su arresto, según The Washington Post. En un memorando enviado a los empleados de inmigración, el director interino del ICE, Todd Lyons, indicó que dichos inmigrantes deberían ser detenidos “mientras dure su proceso de deportación”.
El escrito del miércoles fue presentado en una demanda colectiva en curso presentada por activistas por los derechos de los inmigrantes contra la administración Trump por esta política.
“La detención en espera de un proceso de deportación puede durar meses o incluso años, mientras los no ciudadanos intentan demostrar en dichos procesos que se les debe permitir permanecer en Estados Unidos”, dice el escrito. “Su detención innecesaria mientras prosiguen tales gestiones les causa daños irreparables a ellos, a sus familias, a sus comunidades y a sus Estados”.
Los inmigrantes que viven en Estados Unidos tienen desde hace tiempo el derecho a solicitar una audiencia de fianza para defender su liberación, ya que su caso de inmigración está pendiente. Detener a los inmigrantes sin una audiencia limita su acceso a representación legal, lo que viola el debido proceso, según los fiscales generales.
“Esta nueva política federal que exige detención indefinida sin opción a una audiencia de fianza perturbará nuestra fuerza laboral, desperdiciará el dinero de los contribuyentes y perjudicará a las familias”, dijo Raoul en un comunicado de prensa que anunciaba el informe.
Raoul y otros fiscales generales también plantearon preguntas y críticas sobre la seguridad de los centros de detención y los peligros que la detención podría representar para los inmigrantes. El miedo a la detención puede disuadir a los inmigrantes de buscar atención médica y denunciar delitos, según el comunicado.
La política también es financieramente irresponsable, argumentan Raoul y otros fiscales generales. Los hogares encabezados por personas sin estatus legal pagaron casi $90 mil millones en impuestos y $300 mil millones en gastos de consumo en 2023, según el comunicado. Y el año pasado, la detención migratoria costó $3.4 mil millones al contribuyente.
Desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo en enero, su administración ha librado una campaña de deportación que duró meses, con ICE lanzando redadas en las principales ciudades, incluidas Chicago y Los Ángeles.
Trump amenazó recientemente con enviar la Guardia Nacional a Chicago y reforzar las operaciones del ICE en la ciudad, a pesar de las objeciones de los líderes locales, como el alcalde Brandon Johnson y el gobernador J.B. Pritzker. Unos 230 agentes podrían iniciar redadas y patrullajes matutinos en vehículos sin identificación .
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