Los intentos del presidente Donald Trump de desplegar fuerzas militares en ciudades lideradas por los demócratas —pese a las objeciones de alcaldes y gobernadores— han provocado una sorprendente serie de impugnaciones judiciales y fallos superpuestos.
Mientras la Corte Suprema de Estados Unidos considera si autorizar el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago , un tribunal federal de apelaciones escucha los argumentos del gobernador de California, Gavin Newsom, en su impugnación al despliegue de tropas en Los Ángeles . Las tropas de la Guardia Nacional también podrían estar próximamente en Portland, Oregón, a la espera de los avances legales allí .
Esto es lo que debe saber sobre los esfuerzos legales para bloquear o desplegar la Guardia Nacional en varias ciudades.
Una jueza federal de Chicago ya bloqueó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago durante dos semanas . El miércoles, la jueza April Perry acordó extender esa orden por 30 días. Sin embargo, indicó que ambas partes podrían discutir la extensión antes de reunirse nuevamente a las 15:00 hora local, señalando que no podrían emitir otra.
De todas formas, cualquier cosa que haga podría resultar irrelevante si la Corte Suprema de Estados Unidos emite un fallo mientras tanto.
Los abogados que representan a la administración Trump declararon el martes en documentos judiciales que aceptarían una posible extensión de la suspensión del despliegue por 30 días. Sin embargo, siguen solicitando la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos. La administración Trump presiona para obtener una orden de emergencia que permita el despliegue de tropas de la Guardia Nacional.
“Cada día que esta orden de restricción temporal indebida permanece vigente impone un daño grave e irreparable al Ejecutivo”, escribió el Procurador General D. John Sauer en una presentación ante la Corte Suprema el martes.
Los abogados que representan a Chicago e Illinois han pedido a la Corte Suprema que continúe bloqueando el despliegue, calificándolo de “paso dramático”.
Un tribunal de apelaciones dijo el lunes que Trump podría tomar el mando de 200 tropas de la Guardia Nacional de Oregon, pero una orden judicial separada todavía le impide desplegarlas .
La jueza federal de distrito Karin Immergut, designada por Trump, emitió dos órdenes de restricción temporales a principios de este mes. Una le prohibió a Trump llamar a las tropas de Oregón para enviarlas a Portland. La otra le prohibió enviar a ningún miembro de la Guardia Nacional a Oregón después de que intentara evadir la primera orden desplegando tropas de California.
El Departamento de Justicia apeló la primera orden y, en un fallo de 2 a 1 el lunes, un panel del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos se puso del lado de la administración.
Sin embargo, la segunda orden de Immergut sigue vigente, por lo que no se podrán desplegar tropas de inmediato.
El caso todavía está ante los tribunales.
Un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en Pasadena escuchará el miércoles argumentos relacionados con el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en Los Ángeles.
Un tribunal de distrito determinó que la administración violó la ley federal cuando envió tropas a Los Ángeles a principios de junio después de las protestas por la represión migratoria de Trump.
El juez Charles Breyer le otorgó a Newsom una victoria temprana en el caso el 13 de junio al ordenar que el control de los miembros de la Guardia Nacional de California regresara al estado. Sin embargo, en un fallo de emergencia, un panel de la corte de apelaciones falló a favor de la administración Trump, permitiendo que las tropas permanecieran en manos federales mientras se desarrollaba la demanda.
El tribunal de apelaciones evaluará si anular la orden de Breyer de junio.
El mismo panel de tres jueces también está manejando la apelación de la administración Trump de un fallo del 2 de septiembre de Breyer, quien encontró que el presidente violó la Ley Posse Comitatus , una ley de 1878 que prohíbe la aplicación militar de las leyes nacionales.
En Charleston, Virginia Occidental, se ha programado para el viernes una audiencia en un tribunal estatal en una demanda presentada por dos grupos que buscan bloquear el despliegue de la Guardia Nacional del estado en Washington, DC. Más de 300 miembros de la Guardia han estado en la capital de la nación apoyando la iniciativa de Trump desde fines de agosto.
Una audiencia separada en un tribunal federal se centra en una solicitud del Fiscal General del Distrito de Columbia, Brian Scwalb, para una orden judicial temporal para detener el despliegue de más de 2.000 guardias.
Cuarenta y cinco estados han presentado documentos en ese caso, con 23 apoyando las acciones de la administración en DC y 22 apoyando la demanda del fiscal general.
Gobernadores republicanos de varios estados también enviaron unidades a Washington D. C. Aunque el período de emergencia terminó en septiembre, más de 2200 soldados permanecen en la ciudad. Varios estados informaron a The Associated Press que traerían sus unidades a casa antes del 30 de noviembre, a menos que se prorrogue la medida.
En Tennessee, funcionarios electos demócratas presentaron una demanda el viernes pasado para detener el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis. Afirmaron que el gobernador republicano Bill Lee, a petición de Trump, violó la constitución estatal, que establece que la Guardia Nacional puede ser convocada durante una “rebelión o invasión”, pero solo con la aprobación de los legisladores estatales.
Desde su llegada el 10 de octubre , las tropas han estado patrullando zonas del centro de Memphis, incluyendo las inmediaciones de la icónica Pirámide, con uniformes militares y chalecos de protección que dicen “policía militar”, y armas enfundadas. Los guardias no tienen poder de arresto, según las autoridades.
