Una empresa de autobuses chárter, encargada por el estado de Texas para transportar migrantes a Chicago, ha presentado una demanda federal en la que argumenta que la ordenanza de la ciudad que prohíbe dejar migrantes sin previo aviso es inconstitucional. La empresa sostiene que la medida castiga injustamente a las compañías de transporte que colaboran con Texas, según documentos judiciales revelados.
La demanda se desarrolla en el marco de la crisis fronteriza que ha llevado a un aumento significativo en la llegada de migrantes a varias ciudades de Estados Unidos. El estado de Texas ha contratado servicios de autobuses chárter para transportar a estos migrantes, generando tensiones y desafíos logísticos en destinos como Chicago.
La empresa de autobuses argumenta que la ordenanza de Chicago, emitida el 8 de diciembre, es inconstitucional y afecta negativamente a las empresas de transporte. Alega que la normativa, aunque no menciona directamente la inmigración, está diseñada en respuesta a la llegada de miles de migrantes en autobuses chárter provenientes de Texas.
La demanda destaca un aspecto clave del debate actual sobre la crisis migratoria, centrado en la coordinación entre los estados y las ciudades. La empresa argumenta que la ordenanza afecta la capacidad de llevar a cabo las operaciones de transporte de manera eficiente y ordenada.
El caso subraya la tensión entre las ciudades que buscan gestionar la afluencia de migrantes y las empresas de transporte encargadas de ejecutar estos traslados. La empresa demandante busca que se declare inconstitucional la ordenanza y se le permita continuar con sus operaciones sin restricciones adicionales.
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