En julio de 2024, Guadalupe González contactó a un abogado para tramitar la acción diferida por razones laborales (DALE, por sus siglas en inglés).
González afirma que pagó un adelanto de 750 dólares mediante tarjeta de crédito y entregó la documentación requerida.
Posteriormente, recibió una notificación de que su caso había sido cancelado.
“Supuestamente me pidió lo que necesitaba, lo mandó, pero ya después recibí notificación de que mi caso había sido cancelado”, comentó González.
Esta cancelación, según dijo, podría tener consecuencias legales sobre su estatus migratorio.
“Estamos en peligro de deportación”, agregó González
Un grupo de personas afectadas realizó una concentración en la Plaza Federal y marchó hacia la oficina del Procurador General de Illinois, Kwame Raoul, donde entregaron un petitorio firmado por 75 personas el 1 de agosto.
En el documento se describe un presunto patrón de falta de seguimiento, comunicación y entrega de resultados por parte del abogado.
El trámite completo de DALE tenía un costo de 1,500 dólares, con opción a pagar en dos partes.
Algunas personas, según los testimonios recabados, habrían pagado el monto completo sin recibir respuesta o actualizaciones.
“Desafortunadamente hubo otras personas que pagaron los $1,500 desde el principio. También hay diferentes casos similares al mío en los que las personas no han recibido ninguna notificación ni comunicación con ellos”, relató González.
La oficina del procurador informó que investigará la situación cuando reciba formalmente las acusaciones.
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