Una jueza federal en Pensilvania ha generado controversia al respaldar el uso de una ley de tiempos de guerra para expulsar migrantes venezolanos del territorio estadounidense.
El gobierno de Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, para justificar la expulsión de más de 200 migrantes. La ley fue diseñada originalmente para tiempos de guerra y permite al Ejecutivo tomar acciones contra ciudadanos de países considerados hostiles.
En este caso, el argumento fue que los migrantes formaban parte del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano que el Departamento de Estado considera una amenaza a la seguridad pública.
La jueza Stephanie Haines concluyó que la administración federal puede continuar con las expulsiones si cumple con dos condiciones principales: notificar a los migrantes con al menos 21 días de antelación y ofrecerles un debido proceso legal. También validó el uso de la ley con base en el reconocimiento oficial del Tren de Aragua como una organización delictiva transnacional.
Esta resolución contrasta con otras decisiones judiciales en estados como Texas y Nueva York, donde diferentes jueces han determinado que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en contextos migratorios no es legal.
La decisión en Pensilvania representa un cambio importante en la discusión legal en torno a esta medida del actual gobierno federal.
En marzo, más de 230 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron trasladados desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.
El gobierno de Trump aseguró que estas personas tenían vínculos con el Tren de Aragua, aunque no se han hecho públicos detalles específicos de las investigaciones individuales.
Este traslado fue posible gracias a un acuerdo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Como parte del convenio, Estados Unidos se comprometió a pagar seis millones de dólares anuales para contribuir al mantenimiento del sistema penitenciario salvadoreño. Hasta ahora, no se conocen públicamente los términos completos del acuerdo.
Aunque el gobierno argumenta que los migrantes trasladados estaban involucrados con el Tren de Aragua, informes periodísticos como el publicado por Bloomberg indican que el 90 por ciento de ellos no cuenta con antecedentes penales. Esta contradicción ha sido citada por organizaciones que cuestionan la legalidad y legitimidad del uso de esta ley para procesos migratorios.
Ante las demandas legales presentadas en tribunales inferiores, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó detener las expulsiones hacia El Salvador de manera temporal mientras se resuelve la constitucionalidad de la medida. La organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una solicitud para que el alto tribunal evalúe si esta práctica viola los derechos fundamentales de las personas migrantes.
Hasta el momento, no se han programado nuevos vuelos de traslado y el futuro de esta política migratoria permanece sujeto a decisiones judiciales pendientes.
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