El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva más de un mes advirtiendo sobre una operación de gran escala en Chicago (Illinois) dirigida contra inmigrantes con presuntos antecedentes delictivos. Sin embargo, pese a las reiteradas amenazas, las redadas masivas aún no se han materializado.
El propio mandatario alimentó la incertidumbre el pasado sábado, cuando escribió en Truth Social: “Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de Guerra”. Aunque posteriormente matizó sus palabras, el mensaje dejó abierta la posibilidad de que, al igual que en Los Ángeles y Washington D.C., se despliegue incluso la Guardia Nacional en este bastión demócrata.
La iniciativa, bautizada como “Operación Midway Blitz”, habría comenzado de forma limitada en algunos puntos de Illinois. Hasta ahora, colectivos sociales locales reportan únicamente cinco detenciones, una cifra en línea con los operativos habituales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado.
En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundió el perfil de once personas a quienes califica de “criminales peligrosos”: nueve de origen mexicano o venezolano y uno iraquí. Según la agencia, su permanencia en Illinois es consecuencia directa de las llamadas “políticas de estado santuario” impulsadas por los demócratas.
Illinois y su capital, Chicago, cuentan con una amplia comunidad hispana —cerca de un tercio de la población— y con más de 150.000 inmigrantes indocumentados, lo que representa 8 % de sus habitantes, de acuerdo con el Pew Research Center. Desde 1985, el estado ha aprobado leyes de protección a las comunidades migrantes.
A pesar de ello, las cifras oficiales de criminalidad contradicen la narrativa de la Casa Blanca. Según datos difundidos hace dos semanas por las autoridades locales, los homicidios han caído 31 %, los tiroteos 37,4 % y los delitos violentos en general 21,6 % respecto al año anterior.
El gobernador J. B. Pritzker calificó a Trump como “aspirante a dictador”, mientras que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, consideró que el eventual despliegue constituye “la mayor amenaza a la democracia”. Ambos han reiterado que no colaborarán con las operaciones federales.
Diversas organizaciones sociales —entre ellas la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, la Coalición contra la Agenda Trump y grupos religiosos como New Life Centers Chicago— se encuentran en estado de alerta. Estas entidades han intensificado campañas de información para recordar a los migrantes sus derechos frente a posibles redadas y exhortarlos a denunciar de inmediato cualquier arresto.
Respaldo judicial y clima de desinformación
El clima de tensión se ha visto reforzado por la reciente decisión del Tribunal Supremo, que anuló una prohibición previa contra las detenciones itinerantes del ICE en Los Ángeles. Con ello, la administración Trump obtiene un espaldarazo judicial que allana el camino a futuras operaciones.
En la base naval de los Grandes Lagos, agentes federales llegados de otros estados se preparan para un despliegue que, según diversas fuentes, el gobierno pretende difundir con amplia cobertura mediática. La situación, sin embargo, ya está rodeada de rumores: durante el fin de semana, la presencia de camiones de sal para carreteras fue interpretada como apoyo logístico al ICE —cuyo acrónimo coincide en inglés con “hielo”—, un bulo posteriormente desmentido que refleja la creciente inquietud en Chicago.
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