El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, anunció el viernes que ayudó a asegurar un acuerdo con la administración Trump que protegerá casi $1.4 mil millones en fondos federales anuales para la educación del estado.
El acuerdo resuelve una demanda presentada por un grupo de estados después de que en abril de 2025 el Departamento de Educación de Estados Unidos amenazara con retener fondos federales a las escuelas que se negaran a certificar el cumplimiento de las nuevas restricciones a los programas de diversidad, equidad e inclusión.
“La administración Trump intentó detener ilegalmente la asignación de fondos ordenados por el Congreso para impulsar una agenda vaga y contraria a la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad a expensas de algunos de los niños más vulnerables de Illinois y de todo el país”, dijo Raoul en un comunicado de prensa el viernes.
La disputa comenzó cuando el Departamento de Educación, el 3 de abril, exigió a las agencias educativas estatales y locales que firmaran un documento que confirmaba su cumplimiento con la interpretación de la administración del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 en relación con las iniciativas de DEI. Las escuelas que se negaron se enfrentaron a la pérdida inmediata de la financiación federal.
Illinois y muchos otros estados se negaron a firmar, argumentando que los requisitos del departamento eran vagos y carecían de respaldo legal, dijo Raoul.
Raoul se unió a los fiscales generales de California, Massachusetts, Minnesota y Nueva York para presentar una demanda el 25 de abril de 2025, impugnando la amenaza de financiación por inconstitucional. Los estados argumentaron que violaba la Cláusula de Gastos, la Cláusula de Asignaciones y la separación de poderes.
Una demanda relacionada, presentada por la Federación Americana de Maestros, logró anular la solicitud de certificación del 3 de abril. El acuerdo del viernes garantiza que la exención se aplique a las escuelas de Illinois e impide que la administración retenga fondos basándose en las condiciones en disputa.
Los fondos protegidos apoyan programas para estudiantes de bajos ingresos y rurales, servicios de educación especial, reclutamiento y capacitación de docentes, programas para estudiantes de inglés, servicios para niños en hogares de acogida y estudiantes sin vivienda y educación técnica profesional.
Al acuerdo se sumaron los fiscales generales de 19 estados y del Distrito de Columbia, incluidos Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maryland, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.
